El movimiento junto con el resto de la comunidad raizal detienen la construcción de 17 mega proyectos hoteleros.

El movimiento inició su oposición a la construcción de la base de guardacostas de la Armada Nacional en el Bowden Gully

Constitución legal del Movimiento para hacer frente al proyectos como Mount Sinaí, gracias a la asesoría de ASDES.

Apoyaron el proceso de construcción del Esquema de Ordenamiento Territorial que se enfocó en un modelo desarrollo sostenible.

Junto con el resto de la comunidad raizal se construyó el Plan de Desarrollo Turístico, promoviendo que el la pequeña industria del turismo en Providencia fuera nativa.

Defensa de Consulta Previa ante los intentos de la construcción de base de Guardacostas y la ampliación del Aeropuerto que el Gobierno Nacional de Colombia pretendía hacer sin Consulta Previa.

El movimiento impulsó la Declaratoria de Parques Nacionales de Colombia hacia el Parque Nacional Natural McBean Lagoon.

Mediante tutela y su sentencia T- 800 de 2014 el movimiento promovió suspensión del proyecto Spa Providencia, reiteró como territorio propio del pueblo raizal toda la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; así como su derecho fundamental a la Consulta Previa.

El movimiento gana Acción Popular en contra de la Aeronáutica Civil por proyecto de ampliación del aeropuerto sin contar con los requisitos ambientales necesarios. Radicado No. 2016-0066-00

A través de la sentencia SU- 097 de la Corte Constitucional, que fue promovida por el Movimiento, la Corte protegió el derecho a la identidad cultural del pueblo raizal y el derecho a consulta previa.

El movimiento gana acción popular en contra del Departamento Archipiélago de San Andrés, por no garantizar el derecho a la salud con la infraestructura necesaria para el municipio de Providencia y el Consejo de Estado ordena la construcción de un hospital nivel 2 para Providencia. Radicado. 2017-0005904

Providencia y Santa Catalina sufren el paso del Huracán Iota, el movimiento, a través de su participa de las mesas de concertación para la reconstrucción de las islas. Paralelamente, radica acción de tutela en contra de las entidades del orden nacional por no gestionar de manera adecuada el desastre, perpetuando la vulneración de derechos fundamentales.

El movimiento fue apoyado por Open Society Foundations para realizar un ejercicio de litigio estratégico y veeduría del proceso de reconstrucción de la Isla.

La Corte Constitucional emite la sentencia de tutela T-333 del 2022, promovida por el movimiento para exigir una respuesta adecuada al gobierno ante el desastre del huracán Iota.

Inició el cumplimiento de la sentencia Tv-333 del 2022, a través de la Consulta Previa y otros instrumentos, proceso en el que la Veeduría participa activamente junto con el resto de la comunidad raizal de Providencia.